Asamblea por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda y por la Defensa del Patrimonio Nacional y los Bienes Comunes
EL PUEBLO DEBE SABER DE QUE SE TRATA
LA UNICA DEUDA ES CON EL PUEBLO
NO HAY QUE PAGAR DEUDA ILEGITIMA, ODIOSA Y
FRAUDULENTA
SUSPENDER LOS PAGOS E INVESTIGAR LA DEUDA
DEFENDER LOS BIENES COMUNES
Se invita a adherir y participar de la Asamblea, enviando un mensaje a la dirección: deudaexterna@ctanacional.org
Los abajo firmantes, integrantes de la
ASAMBLEA POR LA SUSPENSIÓN DEL PAGO E
INVESTIGACION DE LA DEUDA Y POR LA DEFENSA DEL PATRIMONIO NACIONAL Y LOS BIENES
COMUNES nos dirigimos a toda la
población para compartir nuestra mirada sobre los últimos acontecimientos
relacionados con la deuda pública.
Nuestra intención es generar, en primer
lugar, un profundo debate social sobre los orígenes de esta deuda que ya, más
que “externa”, debería llamarse “eterna”, por los efectos que ha tenido y tiene
para el bienestar de nuestro pueblo, afectando los derechos
humanos integrales al asignarse recursos públicos para su cancelación a costa
del hambre del pueblo y deteriorando los derechos sociales esenciales, como la
salud y la educación pública; y sobre las consecuencias de las decisiones que se están tomando hoy, algunas
en tribunales del exterior, y otras que se manifiestan en las acciones y
omisiones de los diferentes poderes del estado, y que afectarán durante mucho
tiempo nuestro futuro.
En segundo lugar, aspiramos a que las/os
ciudadanas/os decidan involucrarse y demandar activamente a las autoridades, a
través de todos los medios legítimos disponibles, un tratamiento del tema que
respete los derechos humanos, proteja los bienes comunes, los intereses del
pueblo y recupere la soberanía nacional.
Observamos, con preocupación, que salvo
contadas excepciones, la totalidad del sistema político –muchos de ellos
responsables de esta situación– ha
formado un auténtico “coro de pagadores”. Coinciden, sin ningún pudor, en que
debe acatarse la sentencia de un tribunal extranjero. Pretenden convencernos,
además, de que lo único que puede hacer la República Argentina es negociar, de
la forma más “digna” posible, para cumplir con los demandantes, a los cuales se
califica de “Buitres”, preservando el interés de los tenedores de deuda que
entraron a los canjes, de todo el sistema financiero internacional y evitar así
un “nuevo default”. Agitan el fantasma del “default” para hacer creer a la
población de que hay que seguir pagando con el hambre y la salud de nuestros
pueblos y la naturaleza una deuda que no debemos, y para ocultar que el
deterioro de las condiciones de vida del pueblo está ligado al pago de esa
deuda.
Ante la crisis desatada por el fallo
Griesa, que desnuda la precariedad de la estrategia oficial, la salida en la que acuerdan el gobierno y la
amplia mayoría de la dirigencia de la oposición conservadora tal como lo
expresaron de manera conjunta quienes viajaron a los Estados Unidos de América,
ante interlocutores de ese país, no antepone los intereses del pueblo argentino,
no respeta la Constitución Nacional ni los derechos humanos, ni mucho menos
apunta a defender los bienes comunes y a recuperar la soberanía nacional.
Pospone los derechos e intereses del
pueblo, al exigir más dolor y sudor a las mujeres y hombres de nuestra tierra
para pagar, una vez más, la nueva deuda que se va a emitir para cancelar la
vieja. Eso es lo que se viene haciendo
en los arreglos con Repsol, con el Club de París y con las empresas que habían
presentado demandas en el CIADI, tribunal arbitral del Banco Mundial. Eso es lo que se quiere hacer con los fondos
“Buitres”, siempre que se “respeten los derechos” de los demás tenedores de
bonos: pagar deuda con nueva deuda. Es la continuidad de las privatizaciones a
precio vil, el desmantelamiento de las infraestructuras y servicios productivos
y sociales; las legislaciones y excepciones que consagran privilegios,
concesiones y contratos a las transnacionales y sus socios nativos, la entrega
de los bienes comunes, el agua, la tierra, el mar, el aire, los territorios, la
agricultura y alimentación sana y abundante, los bosques y glaciares, para la
explotación y exportación sin controles de Commodities, expulsando nuestras
poblaciones rurales y campesinas de sus territorios, amontonándonos en megaciudades
insustentables como población descartable. Eso es lo que se ha venido haciendo
con la Barrick Gold, con Monsanto, Syngenta, Dreyfuss, Cargill, Alumbrera,
Chevrón, IRSA y una larga lista de empresas transnacionales extractivistas, la
gran banca y sus socios “nacionales”. Todos ellos son Griesa; todos son
buitres.
No preserva la soberanía nacional al
reconocer la facultad de tribunales extranjeros para que conozcan o decidan en
materia referida a la deuda pública del Estado Nacional, lo que constituye una
violación de nuestra norma fundamental, la Constitución Nacional.
Y lo peor de todo es que mientras se habla
de cumplir el fallo de un juez extranjero, nada se dice del fallo del Juez
Ballesteros, es decir un fallo de la justicia de nuestro país, que ya en el año
2000, en la causa promovida por Alejandro Olmos, dio por probados no menos de
477 ilícitos cometidos por funcionarios públicos, en el proceso de
endeudamiento que dio origen a los bonos que hoy se pagan religiosamente o cuyo
pago se busca acordar.
En sus propias palabras: "Ha
quedado evidenciado en el trasuntar de la causa la manifiesta arbitrariedad con
que se conducían los máximos responsables políticos y económicos de la Nación
en aquellos períodos analizados. Así también se comportaron directivos y
gerentes de determinadas empresas y organismos públicos y privados; no se tuvo
reparos en incumplir la Carta Orgánica del Banco Central de la República
Argentina; se facilitó y promulgó la modificación de instrumentos legales a fin
de prorrogar a favor de jueces extranjeros la jurisdicción de los tribunales
nacionales; inexistentes resultaban los registros contables de la deuda
externa; las empresas públicas, con el objeto de sostener una política
económica, eran obligadas a endeudarse para obtener divisas que quedaban en el
Banco Central, para luego ser volcadas al mercado de cambios; se ha advertido
también la falta de control sobre la deuda contraída con avales del Estado por
la empresas del Estado".
La sentencia dejó en claro que el Congreso
de la Nación podía hacer uso de la importante evidencia acreditada en la causa
para determinar la "eventual responsabilidad política que pudiera
corresponder a cada uno de los actores en los sucesos que provocaran el
fenomenal endeudamiento externo argentino".
Aparte de este precedente en la justicia
de nuestro propio país –y de las numerables investigaciones judiciales aún en
curso– existe doctrina jurídica internacional que establece la primacía de los
derechos humanos por sobre cualquier contrato de deuda y que habilita la
revisión y eventual anulación de la denominada “deuda odiosa”.
“Como
lo expuso originalmente el académico en materia jurídica Alexander Sack en su
obra fundacional de 1927 (…), se presume que una deuda es odiosa si reúne
simultáneamente las tres condiciones fundamentales siguientes: a) fue contraída
por un régimen despótico; b) no se utilizó para satisfacer las necesidades de
la población del Estado prestatario; y c) el acreedor tenía conocimiento de la
utilización nefaria de los fondos."[1].
Así como la sociedad argentina, con sus
organizaciones de derechos humanos a la cabeza, logró en 30 años de luchas
heroicas y tenaces, crear las fisuras y empujar a los gobiernos para abrir el
camino a la memoria del genocidio dictatorial, y al juicio y castigo de sus
principales responsables, debemos asumir que “la otra pata” del zarpazo
dictatorial, el endeudamiento y la entrega del patrimonio común de los
argentinos, que fue la principal consecuencia y razón de ser del terror de
estado, no fue hasta el momento abordado y confrontado por las instituciones
como parte de un mismo problema, con un origen común y sistémico en la
dictadura iniciada en 1976, y continuado por los gobiernos de los siguientes 30
años. Es por ello que la demanda social
en ese sentido debe continuar.
Observamos cómo, en lugar de hacerse cargo de su responsabilidad
constitucional, de considerar los fallos que sentaron precedente en la justicia
local, y de aprovechar a favor del interés nacional los precedentes
internacionales mencionados, la mayoría de los diputados y senadores no han
tomado aún la decisión de revisar la legitimidad de la deuda en sus orígenes.
La Constitución de nuestra República atribuye al Congreso Nacional, el
mandato indelegable de manejar la deuda. Consideramos parte de esa obligación
revisar sus orígenes y aplicación, identificar las responsabilidades políticas
y promover las acciones judiciales pertinentes.
Sólo así el Estado Nacional estará en condiciones de defender los
derechos y el patrimonio de nuestra población, abriendo además un capítulo
inédito en la historia de la deuda pública argentina, consistente en determinar
las respectivas nulidades y reclamar ante todos los estados, empresas y
organismos financieros internacionales "acreedores", la reparación de
lo que se ha pagado indebidamente. Esto no sólo involucraría a los responsables
políticos nacionales, sino también a aquellos que tuvieron participación
decisiva desde las contrapartes. Si así no lo hiciere el Parlamento, es el
movimiento popular el que debe actuar en consecuencia.
Está probado que esa deuda viciada en su origen jamás se utilizó para
mejorar las condiciones de vida del pueblo argentino. Por el contrario,
financió la represión sistemática por parte de la dictadura cívico-militar, la
fuga de capitales, la apertura indiscriminada de la economía al exterior que
destruyó nuestra industria y consagró un modelo de producción extractivista y
financiarizado. En ningún momento los prestamistas tuvieron en cuenta la
capacidad de pago del país. Cuando se puso en evidencia que era imposible
pagar, cambiaron sus títulos por acciones de las empresas públicas, convertidas
en sociedades anónimas. En eso
consistieron las privatizaciones de la década de los 90: el patrimonio
acumulado en años de todos los argentinos, a cambio de títulos de deuda que
eran incobrables. Y lo peor de todo es
que la deuda, lejos de disminuir, siguió aumentando.
Luego de la crisis del 2001/02, el gobierno nacional afirmó que “un
muerto no puede pagar sus deudas” y encaró, en 2005, una reestructuración de la
deuda, sin revisarla, haciéndonos creer que había obtenido una “importante
quita”. Lo cierto es que la “importante
quita” nunca fue tal, ya que se la devuelve a los acreedores mediante los
cupones PBI, que están perfectamente calzados con la quita, a condición que
nuestra economía “crezca”.
También nos dijeron que había una política de “desendeudamiento” que en
realidad no es otra cosa que pagar la deuda reconocida a los bonistas que
entraron en los canjes de 2005 y 2010 tomando nueva deuda, con la ANSES y con
el Banco Central, a costa del ahorro de los trabajadores y de los salarios
reales. Se paga deuda con el ahorro de
los trabajadores cuando el gobierno toma recursos de la ANSES, en lugar de
utilizarlos para cumplir miles de sentencias de reajustes de jubilaciones que
permanecen impagas o cumplir con el 82% móvil.
Se paga deuda con el salario real cuando el gobierno obliga a emitir
dinero al Banco Central para cancelar sus vencimientos, lo que alimenta la escalada
de precios y disminuye la capacidad de consumo popular. Ese menor consumo,
transformado en divisas, va a parar a los bolsillos de los acreedores, llámense
“bonistas”, “buitres”, Club de París o lo que sea.
Y como los fondos del ANSeS y el Banco Central ya no alcanzan para pagar
la deuda vieja, financiar inversiones imprescindibles, y contener el proceso
inflacionario, lo que nos proponen es hacer lo necesario para que nuestro país
vuelva a “los mercados financieros internacionales”. Es decir, más deuda externa. Y más deuda serán jubilaciones de indigencia, salarios de hambre y
destrucción de todo intento de verdadero desarrollo industrial y agrícola.
Para eso, para volver a endeudarnos fuera de nuestro país, nos quieren
convencer de que hay que arreglar las cuentas pendientes y nunca revisadas con
el Club de París y con las empresas que presentaron demandas en el CIADI, y
cumplir la sentencia con los Buitres.
Para eso, para volver a endeudarnos y seguir jactándose de ser
“pagadores seriales”, quieren hacer un ajuste más fuerte aún sobre el consumo
popular, sobre los salarios, limitar la protesta con represión y profundizar
todas las tendencias del funcionamiento del sistema económico encaminadas a
obtener el superávit externo necesario.
Para eso, para asegurar a los acreedores que Argentina puede generar las
divisas suficientes para pagar más deuda, se entregan a empresas extranjeras
como Chevron nuestros Bienes
Comunes (tierra, agua, territorios), se sigue asegurando la depredación de
nuestro litoral marítimo, se profundiza la sojización de nuestro campo a
expensas de nuestra soberanía alimentaria, y se destruyen nuestras montañas con
la megaminería a cielo abierto, entre otras actividades extractivistas
exportadoras que no generan empleo de calidad ni promueven el bienestar de la
población, sus derechos humanos o los de la naturaleza. Un paso más en esta dirección es la próxima
discusión parlamentaria de una nueva ley de semillas que, para asegurar las
inversiones de Monsanto, busca quitar a nuestros productores la posibilidad de
usar sus propias semillas para la siembra futura, obligándolos a pagarlas como
si las estuvieran comprando, y agregando nuevos beneficios a una empresa cuyo
modelo productivo genera enfermedades graves como distintos tipos de cáncer y
afecta la alimentación de toda la comunidad.
Si en los años 90 la deuda se pagaba con empresas públicas, en la década
que viene la deuda se pagará con los bienes comunes de toda la población: la
tierra, el agua, los glaciares, los minerales, el petróleo, el gas, los bosques
nativos, nuestros ecosistemas, nuestra comida, y hasta las semillas de nuestras
propias cosechas. Es el camino de la profundización de la dependencia.
Por eso estamos convencidos que la posibilidad de proteger los bienes comunes
depende del cambio del modelo productivo, lo que a su vez implica cambiar la
política de la deuda, que se configura, con toda esta evidencia, en uno de los
principales mecanismos de dominación del capitalismo global y de
disciplinamiento de nuestros pueblos.
Por todo lo expuesto, queremos invitar a todos los hombres y mujeres de
nuestra patria a debatir públicamente estas cuestiones, porque ya nos están
afectando en nuestra vida cotidiana, y si no se cambia el rumbo, ello afectará
negativamente el futuro de nuestros hijos e hijas. Para eso es necesario que además nos
involucremos activamente en su resolución, por lo que convocamos a organizar y
movilizarnos a favor de:
·
Suspensión
inmediata del pago de la toda Deuda Pública hasta no determinar la legitimidad
de los reclamos de los acreedores.
·
Rechazar el fallo del juez Griesa y de cualquier
otro tribunal extranjero, en relación con la deuda del Estado Nacional.
·
Exigir a los Diputados y Senadores del Honorable
Congreso de la Nación que, con carácter urgente, tomen la decisión de suspender
cualquier pago hasta tanto se investigue de manera participativa e integral,
sobre la base de las investigaciones judiciales ya realizadas y en curso, la
legitimidad de la deuda externa pública y privada originada bajo la última
dictadura militar y de los gobiernos constitucionales posteriores, incluyendo
el “blindaje”, el “megacanje” y todas las reestructuraciones. (Se adjunta
listado de proyectos presentados, con sus referencias). La investigación debe
ser hecha a través de una Comisión de Auditoría con amplia participación
popular semejante, por ejemplo, a la que fuera designada por el gobierno del
Ecuador.
·
A partir de los resultados de las auditorías que
concluya la Comisión de Auditoría, y con las evidencias demostradas en materia
de ilegitimidad e ilegalidad, modificar el esquema de pagos anulando todos
aquellos pagos originados por deuda ilegítima por usuraria, fraudulenta u
odiosa, contraída o reconocida mediante actos ilícitos. Sanción de los
responsables y reparación de los daños.
·
Requerir la asistencia de la comunidad
internacional en el reclamo de la República Argentina para que se sancione la
co-responsabilidad de los prestamistas que suscribieron, con las autoridades de
facto, los contratos originales, en particular ante la eventualidad de tener
que reparar a los tenedores de buena fe de la deuda reestructurada, si los
hubiera.
·
Iniciar
las acciones necesarias a fin de modificar todos los contratos de la deuda
subsistentes, designando como
agente de pago de la deuda del Estado Nacional al Banco Central de la República
Argentina o al Banco Nación, pasando todos los bonos con legislación extranjera
a legislación local y, consecuentemente, estableciendo como nuevo domicilio de
pago la CRYL (Central de Registración y Liquidación de Endeudamiento Público
del BCRA).
·
Dar de baja la contratación del estudio de los
abogados estadounidenses Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, por resultar
inadmisible que defienda los intereses de la República Argentina el mismo
estudio de abogados que asesora al Citybank, al Bank of America, al Deutsche
Bank y a HSBC, entre otros. Los
intereses del Estado Nacional deben ser defendidos por la Procuración del
Tesoro de la Nación, y si fuera imprescindible contratar un estudio de algún foro
local en el exterior, éste debe ser absolutamente independiente de los
intereses de nuestros demandantes.
·
Solicitar a la justicia nacional y al parlamento
que declaren la inconstitucionalidad de cualquier acto administrativo o
contrato que implique el reconocimiento de la jurisdicción de jueces
extranjeros en materia de deuda pública. (Se adjunta listado de proyectos
presentados, con sus referencias)
·
Someter
las políticas de endeudamiento al respeto de los derechos humanos y de la
naturaleza, priorizando la transformación del modelo productivo sobre esa base,
no los intereses de los prestamistas y cobradores seriales.
·
Denunciar los llamados “tratados bilaterales de
protección de inversiones” que son los que, en general, habilitan la
intervención de jueces o de tribunales extranjeros, aparte de otras renuncias a
la soberanía nacional, y establecer que la República Argentina deje de formar
parte del CIADI. (Se adjunta listado de proyectos presentados, con sus
referencias)
·
Establecer
una contribución fiscal de emergencia, pagadera en divisas, sobre
quienes fugaron capitales en la última década (más de u$90.000 millones) y
sobre quienes detentan activos en el exterior (más de u$200.000 millones). La
recaudación de esta contribución especial se podrá aplicar, total o
parcialmente, al pago de aquella parte de la deuda que resulte legítima, si la
hubiera. En ningún caso la deuda que no
ha resultado en beneficio del pueblo, debe pagarse a costa del sacrificio de su
bienestar o de su consumo presente o futuro.
Avanzar con estas propuestas abre la posibilidad de establecer nuevas
alianzas y paradigmas en las relaciones políticas, financieras y comerciales de
nuestro país con el resto del mundo, sobre todo con los demás países de nuestra
región latinoamericana y caribeña y con la enorme mayoría de pueblos y países
del Sur global que, como nosotros, buscan superar los siglos de colonización,
dependencia y dominación. Por cierto, puede también provocar reacciones basadas
en que “aquel que no honra sus deudas debe ser castigado”. Sin embargo, las
experiencias recientes de otros países, como Ecuador e Islandia, que han tomado
medidas similares, nos muestran que es un camino posible.
Asimismo, queremos llamar la atención de la opinión pública sobre el
hecho evidente, en nuestro presente y a lo largo de nuestra historia, respecto
del “verdadero castigo” que es aquel que se impone a nuestro pueblo
precisamente para pagar una deuda que jamás mejoró nuestras condiciones
materiales de vida, ni fue consultada al pueblo ni en su contratación.
Por último, queremos romper el mito de que sin financiamiento externo
nuestro país no puede superar sus problemas económicos y sociales. Basta recordar que, en general, las fases de
crecimiento de nuestra economía se han financiado con recursos procedentes del
ahorro interno. El ciclo más reciente en
este sentido fue, precisamente, el que tuvo lugar desde 2003 a 2007, es decir,
cuando Argentina había suspendido sus pagos externos (2003-2005) o, luego de la
primera reestructuración (2005-2007), mientras todavía se encontraba en período
de gracia.
La realidad es que, en las épocas de “normalidad” de las relaciones
financieras con el resto del mundo, es mayor el ahorro local que se fuga del
país que la inversión extranjera directa que llega, lo que demuestra que
nuestro país está en condiciones de financiar un proceso de crecimiento y de
redistribución del ingreso con recursos propios, a condición de que se tomen
las decisiones necesarias.
Para finalizar, queremos reiterar nuestra convocatoria al debate y a la
movilización. Estamos convencidos de
que solo con la participación activa de los hombres y mujeres de la patria, la
juventud, nuestros mayores, los pueblos originarios, todos y todas, en este
debate y en las acciones que, como consecuencia del mismo, puedan surgir, será
posible encontrar el camino.
Firmas:
LISTADO DE PROYECTOS DE LEY PRESENTADOS EN LA CAMARA DE DIPUTADOS
EXPEDIENTE
|
TP N°
|
FECHA
|
FIRMANTES
|
TEMA
|
5545-D-2014
|
85
|
14/07/2014
|
LOZANO DE GENNARO RIESTRA
|
DECLARAR INSANABLEMENTE NULAS TODAS LAS PRORROGAS DE JURISDICCION DE
TRIBUNALES FEDERALES ARGENTINOS EN FAVOR DE TRIBUNALES ARBITRALES Y/O
JUDICIALES EXTRANJEROS
|
4157-D-2014
|
55
|
29/05/2014
|
LOZANO DE GENNARO RIESTRA
|
COMISION BICAMERAL INVESTIGADORA DEUDA REPUBLICA ARGENTINA CON CLUB DE
PARIS
|
1150-D-2014
|
12
|
20/03/2014
|
CARRIO SANCHEZ ARGUMEDO JAVKIN
|
CREA COMISION BICAMERAL ESPECIAL INVESTIGADORA DE LA DEUDA EXTERNA
ARGENTINA
|
6347-D-2013
|
129
|
10/09/2013
|
PARADA LOZANO ITURRASPE RIESTRA
|
DECLARAR INSANABLEMENTE NULAS TODAS LAS PRORROGAS DE JURISDICCION DE
TRIBUNALES FEDERALES ARGENTINOS EN FAVOR DE TRIBUNALES ARBITRALES Y/O
JUDICIALES EXTRANJEROS
|
8544-D-2012
|
182
|
14/12/2012
|
PARADA SOLANAS LOZANO DONDA ITURRASPE ARGUMEDO CORTINA RIESTRA
CARDELLI DE GENNARO STOLBIZER
|
NULIDAD PRORROGA DE JURISDICCION DE TRIBUNALES FEDERALES ARGENTINOS EN
FAVOR DE TRIBUNALES ARBITRALES O JUDICIALES EXTRANJEROS
|
7666-D-2012
|
155
|
30/10/2012
|
ROGEL BARBIERI MALDONADO ARGUMEDO BIELLA ORSOLINI STORANI
|
COD PROC CIVIL Y COMERCIAL MODIF ART S IMPRORROGABILIDAD JURISDICCION
JUECES DE LA NACION
|
1311-D-2012
|
14
|
21/03/2012
|
SOLANAS ARGUMEDO CARDELLI ROGEL
|
DEROGACION LEY 24353 DE ADHESION DE LA REPUBLICA ARGENTINA AL CIADI
|
1309-D-2012
|
14
|
21/03/2012
|
SOLANAS ARGUMEDO CARDELLI ROGEL
|
COMISION BICAMERAL INVESTIGADORA ORIGEN Y SEGUIMIENTO NEGOCIACIONES
DEUDA EXTERNA PUBLICA
|
0621-D-2012
|
7
|
12/03/2012
|
CARRIO RE TERADA
|
CREA COMISION BICAMERAL ESPECIAL INVESTIGADORA DE LA DEUDA EXTERNA
ARGENTINA
|
1201-D-2011
|
16
|
28/03/2011
|
MACALUSE DONDA ITURRASPE BENAS PARADA
|
NULIDAD ABSOLUTA PRORROGA JURISDICCION Y DEROGACION LEY 24353 ADHESION
CIADI
|
2360-D-2010
|
37
|
20/04/2010
|
SOLANAS MARTINEZ ARGUMEDO CARDELLI MERCHAN FEIN MACALUSE PARADA
MAZZARELLA ALCUAZ LOZANO BONASSO
|
COD PROC CIVIL Y COMERCIAL MODIF ART S IMPRORROGABILIDAD JURISDICCION
JUECES DE LA NACION
|
0811-D-2010
|
11
|
10/03/2010
|
SOLANAS LOZANO CARDELLI MACALUSE PARADA MERCHAN STOLBIZER ARGUMEDO
PEREZ BONASSO
|
COMISION BICAMERAL INVESTIGADORA ORIGEN Y SEGUIMIENTO NEGOCIACIONES
DEUDA EXTERNA PUBLICA
|
0475-D-2010
|
2
|
02/03/2010
|
REYES BALDATA CARCA CARRIO GIL LOZANO IGLESIAS QUIROZ PEREZ PIEMONTE
VEGA TERADA
|
CREA COMISION BICAMERAL ESPECIAL INVESTIGADORA DE LA DEUDA EXTERNA
ARGENTINA
|
0418-D-2010
|
2
|
02/03/2010
|
MACALUSE ARGUMEDO BENAS CARDELLI DONDA ITURRASPE LOZANO MERCHAN PARADA
SOLANAS
|
COMISION BICAMERAL INVESTIGADORA ORIGEN Y SEGUIMIENTO NEGOCIACIONES
DEUDA EXTERNA PUBLICA
|
3140-D-2009
|
74
|
01/07/2009
|
SOLANAS RAUL P
|
CREA COMISION BICAMERAL PARA LA INVESTIGACION DE LA DEUDA EXTERNA
ARGENTINA
|
1666-D-2009
|
28
|
15/04/2009
|
POGGI ALBRISI BIANCHI
|
COMISION BICAMERAL DE ANALISIS E INVESTIGACION DE LA EVOLUCION DE LA
DEUDA PUBLICA PERIODO MAYO 2003 A DICIEMBRE 2008
|
0482-D-2009
|
4
|
05/03/2009
|
MACALUSE
|
NULIDAD ABSOLUTA PRORROGA JURISDICCION Y DEROGACION LEY 24353 ADHESION
CIADI (REPRODUCCION EXPEDIENTE 1598-D-07)
|
[1] Asamblea General de ONU,
“Consecuencias de la deuda externa y de las obligaciones financieras
internacionales conexas de los Estados para el pleno goce de todos los derechos
humanos, sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales”, A/64/289,
12 de Agosto de 2009.